Aunque el presidente evitó precisar qué instituciones podrían ser eliminadas en el marco de su plan, fuentes revelaron a este medio que dentro del Palacio de las Garzas se han mencionado entidades cuya función ha quedado obsoleta o que no han cumplido con su rol. Algunas de las entidades que están siendo evaluadas con detenimiento son el Ministerio de la Mujer, los Bingos Nacionales y los Correos Nacionales. Además, se pretende reestructurar la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
El Ministerio de la Mujer, antes conocido como Instituto Nacional de la Mujer y adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), opera de manera independiente desde su transformación en una entidad ministerial durante el gobierno pasado, a cargo de Laurentino Cortizo (2019-2024).
En 2024, contó con un presupuesto de 12 millones de dólares y una planilla de más de 125 funcionarios, según datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Su creación generó controversia, ya que su presupuesto inicial ascendió a 12 millones de dólares, más del doble de los 4.8 millones que manejaba el Instituto Nacional de la Mujer.
Otras entidades en la mira
El diputado Neftalí Zamora presentó un proyecto de ley que pondría fin a la operación de los Bingos Nacionales, argumentando que su continuidad representa una carga financiera para el Estado. La iniciativa busca derogar el Decreto Ley N.º 4 de 1982, con el propósito de eliminar un gasto que, según el diputado, es innecesario.
“En 2023, el Estado destinó 966,753 dólares al Programa de Bingos Nacionales, mientras que los ingresos apenas alcanzaron 324,753 dólares. Esto genera una pérdida superior a los 600,000 dólares anuales”, señaló Zamora.
En la Presidencia de la República también se analizan cambios en los Correos Nacionales. De hecho, durante la pasada administración, el Ministerio de Gobierno presentó una propuesta a la Asamblea Nacional para reformar y modernizar la entidad, pero esta no avanzó. Actualmente, solo la operación de esta institución representa más de 10 millones de dólares anuales para el Estado.
Sector agropecuario
El exdiputado Edison Broce se refirió al debate sobre el tamaño del Estado, señalando la necesidad de reducir su estructura mediante la fusión de instituciones, la eliminación de duplicidades y la supresión de cargos innecesarios.
Como ejemplo, mencionó el sector agropecuario, que cuenta con al menos seis entidades con funciones relacionadas y un presupuesto combinado que supera los 493.5 millones de dólares. Entre ellas están el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con 265 millones de dólares asignados, y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que maneja 90 millones, además de otras instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).
Broce cuestionó la eficiencia de esta estructura administrativa y planteó si la multiplicidad de organismos realmente ha impulsado el desarrollo del sector. “Si los problemas se resolvieran creando instituciones, ya seríamos una potencia agropecuaria con alimentos al mejor precio”, afirmó.
Además, advirtió que muchos ciudadanos desconocen la existencia de estas entidades, a pesar de que sus presupuestos se financian con los impuestos. Para el exdiputado, la urgencia de reducir el aparato estatal radica en garantizar una gestión más eficiente y evitar el despilfarro de recursos en un modelo que, según él, no ha dado los resultados esperados.
El último dato sobre la planilla estatal refleja un incremento en la contratación de trabajadores. En noviembre de 2024, el número de empleados públicos creció en 3,999 nuevos funcionarios, elevando la cifra total a 263,855 empleados. La mayoría de estos nuevos trabajadores se incorporaron al Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública, la Universidad Especializada de Las Américas, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría General de la Nación.
Para el analista político José Stoute, no cabe duda de que se requiere una reducción del Estado, ya que se trata de un aparato clientelista que abulta innecesariamente la planilla estatal con adherentes. Su conclusión deja una interrogante: resolver ese gravísimo problema requiere una ley sólida y bien estructurada de Carrera Administrativa, así como otra de salarios y posiciones. Ahora bien, para ello se necesita voluntad política. ¿La tenemos?
Fuente : Teams de Inversiones y Negocios
