- La ley 56 del 2017 establece un mínimo del 30% de participación de mujeres en Juntas Directivas de entidades reguladas, tanto públicas como privadas, para el 2020
- Panamá es pionero en la región en la implementación de una ley en pro de un desarrollo inclusivo
- Al 2019, Panamá ha alcanzado un 16,4% de participación de mujeres en puestos directivos
- De acuerdo al Informe Global 2019 sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial, el aumento de la brecha económica de género se atribuye a bajos niveles de mujeres en puestos de dirección o liderazgo, el estancamiento de los salarios, la participación en la fuerza laboral y el nivel de renta.
En un conversatorio virtual la Asociación Directoras de Panamá (ADP) en conjunto con la Iniciativa de Paridad de Género (IPG Panamá), el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y SUMARSE- Pacto Global Panamá presentaron el Informe de Actualización de cumplimiento de la Ley 56 de 2017, normativa que estipula el porcentaje mínimo de participación activa de mujeres en juntas directivas de entidades públicas y privadas reguladas.
Como parte del Comité Técnico de la IPG Panamá, iniciativa público-privada que promueve buenas prácticas para cerrar las brechas económicas de género, la ADP ha sido la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de la Ley 56 y elaborar anualmente el Informe de Línea Base, con el objetivo de medir la participación de mujeres en puestos de decisión en Panamá.
En esta ocasión ADP presenta los resultados del segundo año de cumplimiento para el periodo 2019, donde se refleja que las mujeres ocupan en promedio el 16,4% de los puestos en juntas directivas en Panamá, un 19% corresponde al sector público y 16% a organizaciones privadas. En contraste al 2018, se evidencia un incremento en la participación de mujeres en el sector privado del 14% al 16%, así como del público del 18% al 19%.
“Aunque reconocemos que queda camino por recorrer la IPG, cuya Secretaría Técnica se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y con apoyo del BID, continúa desarrollando una cantidad importante de iniciativas con el fin de acortar las brechas de género. En este sentido, ADP participa en esta estrategia para colocar a más mujeres en puestos de decisión a través de capacitaciones que les permitan impactar positivamente sus comunidades, su empleados y la sociedad en general”, manifestó Liza Henríquez, presidenta de la Asociación Directoras de Panamá.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social a través del liderazgo de S.E. Lic. María Inés Castillo de Sanmartin, manifestó su compromiso en continuar trabajando para eliminar las brechas de género existentes y promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. Como Secretaría Técnica de la IPG Panamá, el MIDES mantendrá coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de apoyar en la tarea de velar por el cumplimiento de la cuota de género establecida en la Ley 56.
Durante la presentación del informe, IPG Panamá recalcó la importancia del posicionamiento de mujeres en puestos de liderazgo y brindó detalles de cómo la pandemia por COVID-19 ha impactado a las mujeres, destacando la carga de las labores del hogar como el principal reto para las mujeres trabajadoras, según encuesta realizada a diversas organizaciones. En cuanto a la Ley 56, la Lic. Leonor Calderón de la IPG, resaltó que “una participación equitativa de mujeres en juntas directivas, no solo aporta valor a las empresas sino a la sociedad, ya que para construir democracia en los países se necesita fortalecer la diversidad y fomentar el diálogo entre iguales”.
Luego de presentar los resultados del Informe de Actualización, ADP lanzó el inicio de su verificación al cierre del periodo de transición de la Ley 56, normativa que se cumplió el pasado mes de julio. Es por ello que invita a todas las organizaciones, especialmente a aquellas que puedan estar interesadas, a unir esfuerzos para continuar implementando iniciativas que permitan promover una mayor diversidad en Juntas Directivas estatales y de entidades reguladas; y consecuentemente, crear sociedades más inclusivas e igualitarias.
