Este viernes, 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), anunció la exclusión de Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Este anuncio llega durante a la reunión plenaria del Gafi, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que la República de Panamá “ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional”.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Héctor Alexander y la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML/CFT de Panamá y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo representaron al país ante el organismo internacional.
Acciones desarrolladas por Panamá
El cumplimiento de estas acciones, incluyó la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo (FT), el cual ha sido aprobado y difundido, cubriendo las amenazas relevantes, vulnerabilidades y medidas de mitigación de FT del país; incremento de personal, tanto en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como en el Ministerio Público encargado de los análisis e investigaciones de financiamiento del terrorismo; desarrollo de guías sobre los riesgos identificados y los posibles mitigadores para el sector no financiero; incremento en el desarrollo de supervisiones en base al riesgo, que incluyen análisis de FT como parte de las supervisiones; adopción de un plan de supervisión basado en riesgo para sujetos obligados no financieros (SONF), demostrando un progreso significativo en la implementación del mismo; la culminación e implementación del manual de supervisión de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), entre otros aspectos.
Además, se modificó la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), incrementando las sanciones por incumplimiento hasta 5 millones de balboas (Ley 254 de 2021), contemplando los factores de proporcionalidad y disuasividad en la aplicación de sanciones, así como elementos relativos a atender la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto; imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y SSNF, dado incumplimientos en materia de prevención AML/CFT.
También, se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de población de información e igualmente se implementa la verificación de la información correspondiente. Así mismo, el país emitió la Guía de Beneficiario Final, con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilización de los sujetos obligados para mejorar la identificación y transparencia de beneficiarios finales; y se reforzó el acuerdo de abogados, robusteciendo la capacidad de supervisión de la SSNF.
Adicionalmente, aumentaron significativamente las Asistencias Técnicas por parte de la UAF; y se demostró que el país puede proporcionar información a través de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de $300 mil, evidenciando que el umbral para la evasión fiscal interna, no impacta negativamente la capacidad de la República de Panamá para cooperar.
Por otro lado, se adoptó la “Guía para la investigación de Delito Fiscal en Panamá”; se aumentó el número de investigaciones de blanqueo de capitales relacionadas con delitos precedentes distintos al narcotráfico, incluyendo los delitos precedentes extranjeros; y se desarrolló de una Guía para la investigación de fraude fiscal.
Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas
