Facilitadores judiciales, puentes de justicia

La labor de los Facilitadores Judiciales en Centroamérica garantiza una participación ciudadana que contribuye a combatir la impunidad y a promover una cultura de resolución pacífica de conflictos.

Facilitadores judiciales del distrito de Mariato en Veraguas

Facilitadores judiciales del distrito de Mariato en Veraguas

La implementación de nuevos mecanismos de acceso a la justicia como el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), representa un ejemplo de apoyo permanente que busca brindar una justicia pronta e igualitaria, el conocimiento de los deberes y derechos, el fortalecimiento de una cultura jurídica y la prevención del delito.

Un facilitador judicial es un dirigente seleccionado por su comunidad. Su labor voluntaria consiste en divulgar información a través de charlas, mediar conflictos menores cuando existe voluntad de las partes y asesorar a la población que lo solicita. Su tarea es supervisada por el Juez Municipal, razón por la cual ha llegado a convertirse en un Auxiliar de Justicia del Órgano Judicial.
El primer país que acogió el Servicio de los Facilitadores Judiciales fue Nicaragua en el 2002, catorce años después es el país con mayor cantidad de facilitadores judiciales (3 mil 406), hombres y mujeres que realizan una labor como mediadores y orientadores al servicio de sus comunidades.

En el 2007 este programa se internacionalizó por mandato de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, iniciando en Panamá en el 2008, Guatemala lo hizo en el 2010. En el 2012 ingresó Honduras, Costa Rica acogió el programa en el 2013 y finalmente El Salvador comenzó en el 2014.

Pedro Vuskovic, Coordinador Interamericano de Facilitadores Judiciales y Representante de la Organización de los Estados Americanos en Panamá

Pedro Vuskovic, Coordinador Interamericano de Facilitadores Judiciales y Representante de la Organización de los Estados Americanos en Panamá

Una amplia red de 9 mil 500 facilitadores judiciales contribuyen en Centroamérica desde sus barrios y comunidades a informar, aconsejar, realizar mediaciones y apoyar a las autoridades locales. Anualmente 800 mil personas se benefician, de las cuales 300 mil reciben charlas y se evita el arribo de 50 mil casos a los tribunales.

Los facilitadores judiciales se han convertido en un puente entre la justicia y los residentes de sus comunidades. Desde la prevención comunitaria aportan a la seguridad ciudadana. Son voluntarios, lo hacen para vivir mejor, más seguros, con menos conflictos, construyendo sociedades menos conflictivas y sustituyendo la cultura de violencia e impunidad por una cultura de paz y legalidad.

Los costos de la violencia

Los costos de la violencia son elevados. Expertos han identificado diversos costos al surgir un conflicto, incluidos los monetarios y el factor tiempo. Como todo escenario incierto se conoce el inicio del mismo, pero no su desenlace.

Para el abogado panameño Manuel Sánchez, especialista en mediación y negociación de conflictos, “los costos de un conflicto también incluyen los costos sociales, morales, sicológicos, comunitarios y otros intangibles, como el perder la efectividad laboral y enfrentar crisis familiares.”

Según el informe “Estudio de impacto económico de las víctimas en la resolución de conflictos”, elaborado por Gabriela Flores Berroterán e Isaac Ramírez con apoyo del Programa PIFJ-OEA, el costo de un caso resuelto por un facilitador judicial es casi inexistente, mientras en un juicio este se multiplica por 290 veces.

El documento anteriormente mencionado presenta un estudio comparativo de 56 casos en los seis países centroamericanos sobre el impacto económico que tiene para una víctima resolver un conflicto mediante juicio versus mediación de un facilitador judicial.

El informe también señala que un caso atendido por un facilitador judicial se resuelve en un periodo inferior a dos días promedio; la mayoría de las veces el mismo día; mientras que un juicio demora aproximadamente 438 días.

La paz, asunto de todos

La impunidad e inseguridad aumentan los costos para las empresas, deterioran el clima de negocios y reducen el desarrollo de los países. Simplemente no puede haber empresas exitosas en sociedades con estos desafíos. Este panorama puede mejorar si las empresas se acercan a la sociedad trabajando juntos: Estados, empresas y comunidades.

Un Estado que garantice tolerancia y la convivencia pacífica entre sus ciudadanos incrementa la producción local, incentiva las inversiones extranjeras y potencia el turismo, para mencionar algunos atributos.

Autoridades de la OEA visitan comunidades donde atienden facilitadores judiciales.

Autoridades de la OEA visitan comunidades donde atienden facilitadores judiciales.

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA lleva a cabo una campaña de reconocimiento y apoyo a la expansión y consolidación de los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales en Centroamérica 2020.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer alianzas con la empresa privada para trabajar en conjunto y poder vivir en una región centroamericana más segura, en donde la justicia se encuentre al alcance de todos. La meta: invertir en prevención para lograr desarrollo.

Según el Embajador Pedro Vuskovic, Representante de la Organización de los Estados Americanos en Panamá y Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales para las Américas, los facilitadores judiciales representan la fuerza del programa por su conexión directa entre la justicia y las personas más vulnerables.

La prevención es uno de los ejes principales del programa debido a que los facilitadores judiciales no solo resuelven o ayudan en la solución de los conflictos, sino que también los previenen, sostuvo el Embajador Vuskovic.

Más derechos para más gente

“Los Facilitadores Judiciales a través de su labor contribuyen a crear nuevas oportunidades de prevención que incentivan un clima productivo, dispuesto y comprometido para ayudar o retribuirle algo a su comunidad”, así lo describe Faustino López, Facilitador Judicial del corregimiento de Burunga en el distrito de Arraiján en Panamá.

Este Facilitador Judicial al ser entrevistado dibuja en su rostro una sonrisa por la satisfacción generada por el deber cumplido. Desde hace dos años ejerce una labor voluntaria al servicio de los más necesitados de su comunidad. Dicta charlas sobre prevención de la violencia doméstica, realiza mediaciones entre vecinos por temas referentes a linderos de sus casas, asesora y remite casos de índoles mayores a las autoridades competentes.

“Es una actividad en donde todos salimos victoriosos debido a que ganan los residentes de mi comunidad al contar con un facilitador judicial que les asesore en sus consultas de manera gratuita, y gano personalmente por la gran cantidad de aprendizajes recibidos durante mi capacitación permanente”, declara el Sr. López.

De esta manera, Faustino López es uno de los 9 mil 500 facilitadores judiciales que existen en Centroamérica a través de un Programa que cuenta con historias de superación.

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA se ha convertido en una respuesta para que la población en condición de vulnerabilidad tenga acceso a la justicia. Una experiencia exitosa ha dado vida a un programa de colaboración con impacto masivo en Centroamérica debido a que combate la pobreza, permitiendo el conocimiento de los derechos a los ciudadanos más necesitados.

 

 

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