- El financiamiento ilícito pone en riesgo la transparencia y la representación democrática, agravándose con la creciente influencia del crimen organizado en América Latina y el Caribe.
- El sector privado se beneficia de fortalecer la regulación del financiamiento político para reducir la incertidumbre y la opacidad, lo cual es esencial para un crecimiento económico estable y seguro.
- Un sector privado comprometido con el Estado de derecho tiene un papel fundamental en el liderazgo de una conversación social inclusiva para fortalecer la previsibilidad económica y jurídica y generar beneficios colectivos.
WASHINGTON, D.C., Ciudad de Panamá – 30 de enero de 2025. El Diálogo Interamericano e IDEA Internacional publicaron hoy un informe conjunto que presenta una hoja de ruta para que el sector privado comprometido con el Estado de derecho asuma un rol proactivo para enfrentar los desafíos que plantea el dinero ilícito en la política para la transparencia y la democracia en América Latina y el Caribe. El informe busca fortalecer el papel del sector privado en la promoción de un cambio social e institucional que genere beneficios colectivos más significativos que aquellos derivados de influencias individuales.
“Aunque es importante analizar seriamente cuáles son los mejores modelos para regular el dinero en la política, en particular cómo fortalecer los mecanismos de control, si realmente queremos avanzar con esta agenda debemos movilizar a la opinión pública para que influir indebidamente en la política a través de financiación ilícita tenga un costo, y para ello el sector privado es fundamental”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado derecho del Diálogo Interamericano.
La relación entre dinero y política es compleja debido a transacciones ocultas que amenazan la transparencia y el sistema representativo. Cuando el financiamiento condiciona a los líderes políticos, sus decisiones pueden contradecir principios democráticos, alimentando la desconfianza pública y afectando la soberanía popular. Esta problemática se agrava si los fondos provienen del crimen organizado, cuya influencia crece en la región. La atención pública y un control institucional sólido son esenciales para fortalecer la democracia frente al financiamiento irregular.
Una economía pujante requiere de Estado de derecho, instituciones sólidas, igualdad ante la ley y predictibilidad. El sector privado tiene un interés clave en fortalecer la institucionalidad que regula el financiamiento político para reducir la opacidad y garantizar un sistema que promueva la transparencia, la previsibilidad económica y jurídica, así como la seguridad. Para avanzar con esta agenda, debe liderar un diálogo inclusivo entre actores clave, como políticos, representantes de sociedad civil, academia y medios de comunicación. La creación de redes y espacios de discusión e investigación, tanto regionales como nacionales, será fundamental para movilizar la opinión pública, generar incentivos políticos y reputacionales, y fomentar un cambio institucional que beneficie a la democracia y al desarrollo económico.
El reporte propone una hoja de ruta para que el sector privado lidere estos esfuerzos, que incluye:
- Crear estrategias para visibilizar la relación entre el dinero y la política. La atención de la sociedad y un debate amplio son condiciones imprescindibles para cualquier propuesta de reforma.
- Evaluar las capacidades de las autoridades en la aplicación y cumplimiento de normas, evaluando recursos y formación necesarios.
- Analizar la coherencia de las normas, detectando vacíos legales y asegurando transparencia y equidad electoral.
- Evaluar las dificultades de implementación de normas y su impacto en la economía y la democracia.
- Capacitar a la academia, el periodismo y la sociedad civil para abordar problemas de financiamiento político.
- Diseñar campañas y acuerdos para movilizar a la opinión pública.
«La vulnerabilidad de la región ante las economías ilícitas debe abordarse de manera integral, reiteramos la necesidad de contar con instituciones sólidas que sirvan de contrapeso, ante la realidad que representa el dinero ilícito en la política, este abordaje debe darse a todos los niveles del Estado, especialmente en áreas apartadas o descentralizadas, donde los controles suelen ser más débiles”, dijo Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.
Fuente : IDEA Internacional
