Ciudad de Panamá, 7 abr (EFE).- El contralor general de Panamá, Anel Flores, aseguró este lunes que la auditoría iniciada en enero pasado a la filial de la hongkonesa CK Hutchison que opera dos puertos en torno al Canal ha arrojado una serie de incumplimientos del contrato, una deuda millonaria con el Estado e irregularidades en la renovación automática de la concesión.
«Más de 300 millones (de dólares) que nos adeudan por incumplimientos en el contrato», afirmó Flores en referencia a la empresa Panama Ports Company (PPC), que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, situados a la entrada del Canal en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.
PPC maneja Balboa y Cristóbal, dos de los cinco puertos en torno al Canal, desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión de 25 años que fue extendido de manera automática por igual término en junio de 2021, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones desfavorables para el Estado panameño, que cuenta con el 10 % accionarial.
En una conferencia de prensa rodeado de los auditores, el contralor hizo una larga relación de los resultados desfavorables para el Estado panameño de una modificación en las condiciones de la concesión realizada en 2002, durante el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004).
Esos cambios, que entre otros eliminaron un canon de 22 millones de dólares anuales al fisco, dejaron como único ingreso al Estado un cargo por ingreso de contenedores e incluyeron una serie de exenciones fiscales, permitieron que en dos décadas el fisco dejara de percibir «unos 1.200 millones de dólares, a razón de 55 millones de dólares por año».
Esa situación «no es culpa de la compañía», sino de unos «malos panameños, negociaron muy mal» el contrato de concesión, dijo Flores.
La renovación automática de la concesión a PPC aprobada por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) «no contó con todos los requerimientos de ley y tampoco cuenta con el refrendo de la Contraloría General», algo a lo que obliga la ley, afirmó Flores.
Anunció que la Contraloría presentará próximamente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «para que se investigue penalmente a los directores que manejaron esa renovación, a esa junta directiva (de la AMP) y a los oficiales de esa compañía PPC, para que expliquen por qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino, para decir lo menos».
Los puertos de Balboa y Cristóbal están en el centro de la diatriba del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que «China está operando el canal», por lo que su Gobierno va a «retomar» la vía que une el Atlántico con el Pacífico y por la que pasa el 3 % del comercio mundial.
De hecho, Trump tildó de victoria y dijo que su Gobierno había comenzado a recuperar el paso navegable luego de que se anunciara que un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock acordó con CJ Hutchison el traspaso de la concesión de los dos puertos, en el marco de una operación global que involucra a más de 40 terminales en una veintena de país y casi 23.0000 millones de dólares.
«Nuevamente miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación (…) El Canal es panameño y seguirá siendo panameño!», respondió, otra vez, el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino.
La compraventa de los dos puertos panameños se iba a concretar el pasado 2 de abril, pero una investigación del regulador chino ha retraso el proceso.
Fuente: Agencia EFE
