Panamá eligió como nuevo presidente a José Raúl Mulino, favorito de los inversores, que promete reactivar la economía, tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga y cerrar las rutas migratorias hacia Estados Unidos.
Mulino se presentó como sustituto del prófugo exdirigente Ricardo Martinelli, a quien se prohibió participar y pidió asilo en la embajada de Nicaragua después de que un tribunal confirmara una condena por blanqueo de dinero.
Con el 94% de los votos escrutados el domingo, Mulino, un abogado de 64 años, tenía el 34% de los votos, frente al 25% de su rival más cercano, Ricardo Lombana. La autoridad electoral declaró vencedor a Mulino, y todos los demás candidatos principales renunciaron.
“Promoveremos un gobierno favorable a la inversión y a la empresa privada”, dijo Mulino a sus partidarios en su discurso de victoria.
Tomará posesión de su cargo el 1 de julio, en sustitución del Presidente Laurentino Cortizo, que no podía optar a la reelección. Los primeros resultados para el Congreso indicaban una legislatura fragmentada.
La nación se ha visto golpeada por disturbios, rebajas de la calificación crediticia, bajos niveles de agua en el canal de Panamá y el cierre de una importante mina de cobre. Durante la campaña, Mulino dijo que utilizaría proyectos de obras públicas e incentivos a los inversores extranjeros para lograr un crecimiento económico nominal del 7%.
Durante gran parte de este siglo, Panamá tuvo la economía más pujante de América Latina, pero este año solo crecerá un 2,5%, según el Fondo Monetario Internacional.
Los inversores están pendientes de si Mulino encontrará la forma de reabrir la mina de cobre de First Quantum Minerals Ltd, valorada en 10.000 millones de dólares. Tras meses de violentas protestas, el Tribunal Supremo dictaminó en diciembre que un contrato para la mina violaba la Constitución y ordenó su cierre. El proyecto representaba el 5% del Producto Interno Bruto y era una importante fuente de ingresos fiscales y exportaciones.
En su discurso de concesión, Lombana advirtió a Mulino de que no intentara renegociar el contrato de la mina, advirtiéndole de que eso llevaría a la gente a las calles.
En marzo, la agencia Fitch rebajó la calificación del país a “basura”, alegando el elevado déficit fiscal, agravado por la pérdida de ingresos procedentes del cobre. S&P y Moody’s siguen calificando al país un escalón por encima de la calificación de “basura”, pero el otrora país de referencia en los mercados corre el riesgo de sufrir nuevas rebajas si el próximo gobierno no lleva a cabo reformas fiscales y de las pensiones y no intenta reabrir la mina, según el economista local René Quevedo.
Mulino también tendrá que sopesar las preocupaciones medioambientales y las protestas de la comunidad, ya que el país busca nuevas fuentes de agua para el canal de Panamá después de que una grave sequía este año le obligara a restringir los tránsitos a través de la vía fluvial.
La deuda panameña ya se negocia como si fuera basura, y los inversores exigen unos 40 puntos básicos adicionales para mantener a Panamá en comparación con la prima de riesgo media de los títulos soberanos con calificación BB, según datos de JPMorgan Chase & Co.
Elecciones en EE.UU.
Las políticas de Mulino podrían influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, en las que la inmigración es una de las principales preocupaciones de los votantes.
Ha dicho que cerrará las rutas que atraviesan la densa región selvática entre Colombia y Panamá. Más de medio millón de migrantes, en su mayoría venezolanos, pasaron por esta ruta el año pasado, convirtiendo a Panamá en uno de los países de tránsito más importantes para las personas que esperan llegar a Estados Unidos.
También prometió un “ataque frontal” contra el narcotráfico. Mulino fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, entre 2009 y 2014. Este año, un tribunal confirmó una condena por blanqueo de capitales contra Martinelli y le impidió presentarse a las elecciones presidenciales.
Fuente: Bloomberg en Linea
